Santo Domingo
7 diciembre del 2007
Informe presentado por Gloria Amezquita, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), en el acto de apertura del Seminario Internacional “No somos extranjeros en la tierra que nos vio nacer”, realizado este viernes 7 de diciembre.
Observatorio de Derechos Humanos
Seminario sobre Nacionalidad, MUDHA.
En septiembre del año que finaliza se dio inicio al Observatorio de Derechos Humanos, el cual se desarrolla en la provincia de Dajabón, en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. En el caso de Santo Domingo, el proceso es llevado de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema migratorio y de Derechos Humanos.
Esta iniciativa nace con el interés que como organizaciones de la sociedad civil tenemos. En este sentido, consideramos que nuestros aportes deben ir orientados a fortalecer la institucionalidad e incidir en el cumplimiento de políticas migratoria claras, que eviten violaciones a los derechos de las personas migrantes.
Como parte del trabajo que venimos realizando tanto las organizaciones individuales y como Red (en este caso la Red Jacques Viau), somos centros de recepción de casos de violación y acompañamos a las víctimas de dichas violaciones en el proceso de solución de los mismos.
Estas violaciones son hechas tanto por personas militares como por autoridades públicas, que por la condición racial del inmigrante le privan del derecho a tener documentación o lo repatrían masivamente. Estas acciones son triplemente ilegales en cuanto que: Primero le violentan los derechos que tienen las personas; segundo, incumplen y tercero, obvian las legislaciones nacionales e irrespetan las legislaciones internacionales de las cuales el país es signatario.
Toda persona es vulnerable a que sus derechos se violenten, sin embargo la condición de pobreza, la de migrantes, de ser niño o niña y de ser mujer hace a la persona más vulnerable ante cualquier abuso y/o violación.
La mayor cantidad de casos de violaciones de derechos conocidos en nuestro país son escenificados por migrantes haitianos/as, los cuales por las causas de vulnerabilidad, anteriormente resaltadas, la condición de ilegalidad y el hecho de ser nacionales del país vecino (Haití), son las personas más propensas a ser víctimas de dichas violaciones.
En muchos casos estas violaciones son asumidas por la sociedad como algo característico de algún grupo de poder, convirtiéndose aquello que debe ser denunciado y condenado, en un hecho asumido como “normal”. Así se legitima que el policía cobre por dejar pasar a las personas de un lado al otro de la frontera o cobre “peaje” a cambio de que la persona conserve sus documentos.
El observatorio pretende que las acciones descritas sean conocidas por la sociedad y por las autoridades a fin de que se haga justicia y que sean conocidas por la opinión pública, a fin de que sobre las mismas no se pueda alegar ignorancia. Los principales objetivos planteados en el mismo son:
· Contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que viven en Santo Domingo.
· Visibilizar situaciones de violaciones de Derechos Humanos en ciudadanos-as migrantes.
· Sistematizar y difundir la información sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
Hoy queremos dar a conocer los datos estadísticos de los primeros casos denunciados en el Observatorio de Derechos Humanos. Entre los meses de octubre y noviembre se han registrado 48 casos que fueron denunciados en las oficinas del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, MUDHA y el Grupo de Pastores Interdenominacionales.
El 83% de las denuncias recibidas han sido realizadas por personas que nacieron en territorio dominicano y que por ello, según la Constitución de la República Dominicana en su artículo 11, son dominicanos/as.
La mayor cantidad de casos fueron presentados por mujeres, las cuales representan el 58% respecto al total de casos. La población que ha sido víctima es básicamente joven. El 98% de los casos de violaciones de Derechos ha tenido como víctima a persona menores de 37 años, residentes en Villa Altagracia, Sabana Grande de Boyá y la Circunscripción no. 3 del Distrito Nacional.
La principal motivación de la denuncias fue la falta de documentación. En este sentido, tenemos que en el 63% de los casos denunciados la problemática fue la negación o no entrega de la cédula de identidad y electoral y un 29% por la negación de acta de nacimiento o duplicado de la misma.
Ante esta situación la población más afectada son los/as infantes y jóvenes, a los cuales se les niega el derecho a tener actas de nacimiento y cuya negación le priva de acceder a otro derecho, como es el caso de la educación.
Cabe resaltar que el 52% de los casos presentados eran de personas que están en la etapa de terminar su bachillerato e inscribirse en la universidad. Del total de los casos, 12 reportaron ser estudiantes.
Esta negación del derecho que tiene la persona a ser reconocida, a existir legalmente, como reza en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue en su mayoría violentada por integrantes de la Junta Central Electoral y las Oficialías Civiles, según declararon las personas involucradas. El hecho de que en la Junta Central Electoral sea uno de los principales lugares donde se presentes estos casos, no ha de extrañarnos ya que la misma se rige por la resolución no. 17, que todo expediente de extranjeros debe ser devuelto a la Oficialía Civil para un mayor análisis. Esta resolución agudiza la situación de la persona migrante, agudiza la incertidumbre que de no saber cual es su estatus legal ni cuando podrá definirlo.
Algunas de las declaraciones hechas por las personas denunciantes, refieren que la negación de la documentación se debió a que la misma es de padres haitianos, ya sea por uno o por ambos. En los expedientes que tenemos de estos casos en el SJRM, GPI y MUDHA, contamos con pruebas suficientes que avalan tales declaraciones. Así nos encontramos con actas que contienen notas manuscritas que rezan: “... negada… esta persona es de ascendencia haitiana”. Esta negación se hace por el principio de ascendencia, son obviados los requisitos por las autoridades solicitados. Y cabe señalar que el 83% de los casos registrados cuentan con expedientes completos que cumplen los requisitos de las diferentes instancias.
Cabe resaltar que esta privación no es exclusiva de las oficialías o de la JCE, esta situación nace junto con el/la individuo, con la negación de registros en los hospitales, constancia legal que ha de servir como soporte al momento de realizar el registro en las oficialías civiles.
Este arrastre de privaciones se evidencia en cada caso denunciado. En lo que respecta a lo educativo, por ejemplo, esta falta de registro les impide inscribirse en las escuelas o alcanzar altos niveles en ella. Con un nivel instructivo insuficiente y la falta de documentos de identidad contribuimos a la perpetuación del círculo vicioso de privación de derechos.
En lo que se refiere al reconocimiento legal como persona, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expone en su artículo 6, que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es una responsabilidad de todo Estado proteger estos derechos.
Los casos denunciados ponen de manifiesto una vez más las deficiencias tanto legislativas como institucionales que tiene el país. No cabe duda que el camino recorrido ha fomentado algunos avances. Sin embargo, las denuncias en el Observatorio de esta cantidad de casos en un reducido número de instituciones y en tan poco tiempo, es muestra suficiente de que es necesario seguir incidiendo a favor de una verdadera política de Estado. Teniendo en cuenta que las modificaciones de las legislaciones y las interpretaciones de las mismas no pueden, ni deben estar sujetas a los criterios de grupos conservadores con poder en la toma de decisiones respecto a estos temas.
Tener una política migratoria clara es imprescindible para garantizar los derechos de la persona migrantes, sin embargo, esta debe ir acompañada de una sensibilización y capacitación tanto a la ciudadanía como al personal que la aplicará y que labora en las instancias vinculadas. Las acciones de estas personas han de ser asumidas de manera institucional. No es ni justo ni ético, que el personal de una institución estatal otorgue o no la nacionalidad desde su perspectiva o creencia, que a juzgar por los resultados del observatorio y el informe reciente presentado por los Relatores de las Naciones Unidas, es más que excluyente. Es discriminatoria.
Esta situación de constante falta reconocimiento y violación de los derechos nos hace preguntar ¿Hasta cuándo seguirá el Estado Dominicano y sus respectivos gobiernos manteniendo en ilegalidad permanente a hijos/as de migrantes que nacieron, han hechos sus vidas y dado sus aportes en la sociedad dominicana?
Pensamos que en estos momentos de reformas constantes al Estado puede ir dando pasos para obtener la respuesta a esta pregunta. Todo proceso de transformación sobre este tema debe estar bien analizado. Las respuestas que buscamos queremos sean del consenso y con carácter institucional. No queremos respuestas coyunturales, que sean utilizadas como herramienta discursiva en situaciones de conflictos o periodos electorales que le sumen adeptos con poder a las candidaturas presidenciales.
Como organizaciones y en el marco de funcionamiento del Observatorio, pretendemos ir más allá que conocer los casos y acompañar las acciones de las víctimas antes las autoridades, como lo hemos estado haciendo. Al mismo tiempo queremos incidir de manera articulada en la consecución de políticas migratorias eficientes, en la sensibilización de la ciudadanía en general y el personal estatal que trabaja con este tema.
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