JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
COMUNICADO AL PAIS
Obligados siempre por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y urgidos por lo dispuesto en la Ley Electoral No. 275-97, que ordena al Pleno de la Junta Central Electoral, en su art. 6, letra t): Elaborar y ejecutar su presupuesto anual y el de sus dependencias, el cual deberá ser incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación que el Poder Ejecutivo someta al Congreso Nacional, SIN PERJUICIO DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA SER APLICADOS EN UN PROCESO ELECTORAL, GASTOS NORMALES QUE LA LEY ESTIMA EN UN 1.5% DEL PRESUPUESTO NACIONAL, nos vemos precisados a hacer, para la debida edificación del país, los siguientes señalamientos:
1. La partida presupuestaria asignada a la Junta Central Electoral no asciende a RD$3,547,741,287.00 como se anunció recientemente, porque realmente lo que recibiría la institución es la suma de RD$2,487,678,433.00 ya que la Dirección de Presupuesto incluyó en esta partida la contribución pública establecida en la ley 78-05, del 18 de agosto del 2005, para la financiación a los partidos políticos y que no forma parte del presupuesto de la Junta Central Electoral, pues el Tribunal Electoral únicamente se limita a entregarla a los partidos. Esto quiere decir que el presupuesto sometido por la Junta Central Electoral ha sufrido una reducción respecto de lo solicitado, de un 67.84%.
2. El anteproyecto de presupuesto dado a conocer a la opinión pública parece ser el dictamen de algunos técnicos, que no consultaron a las autoridades electorales y elaboraron el presupuesto electoral soslayando el sentido de la prudencia y de la realidad, ante lo cual, la Junta Central Electoral eleva hoy ante la Nación Dominicana su voz de alerta, para advertir responsablemente a todo el país, los peligros que se ciernen sobre la organización de las próximas elecciones presidenciales, sobre el rescate y modernización del Registro del Estado Civil, la Cédula de Identidad y Electoral, el Registro Electoral, los Centros de Servicios, las Oficinas de Servicios y Empadronamientos en el Exterior y las labores de administración y salvaguarda de la institución; de mantenerse el error que ha determinado tan infausta decisión de adjudicarle a la Junta Central Electoral un presupuesto absolutamente insuficiente para el cumplimiento de sus obligaciones.
3. La indicada inconsecuencia es más grave aún, cuando se trata de un evento, las próximas elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2008, donde participarían más de 300,000 nuevos electores, unos 5,700,000, en total; integrados en 13,300 colegios electorales, incluyendo 250 en el extranjero, lo cual conlleva un costo adicional por mesa en dietas para el personal, logística, comunicaciones, plataforma tecnológica, energía eléctrica, materiales electorales, transporte y combustibles. Estamos hablando de una jornada extraordinaria que involucra cuando menos unas 120,000 personas, entre personal de los colegios, policía militar electoral, técnicos y facilitadores.
4. El proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo no toma en cuenta el incremento en el costo de los insumos y gastos administrativos, así como, la inversión que está llamada a realizar la Junta Central Electoral para los entrenamientos y selección del personal que trabajaría el día de las elecciones, incluyendo la policía militar electoral. Adicionándose la posibilidad constitucional de que las elecciones se definan en una segunda vuelta electoral, escenario para el que no se prevén los gastos presupuestados por la institución, ni los gastos propios para la supervisión de la campaña y el uso de los recursos por parte de los partidos y candidatos en la misma.
5. La insuficiente asignación presupuestaria no alcanza para el cumplimiento de las impostergables demandas ciudadanas y actividades que actualmente ejecuta la Junta Central Electoral, entre estas, un nuevo sistema informático para la transmisión desde los recintos electorales de las actas escaneadas, que permitiría consolidar resultados rápidos la noche de las elecciones y superar la tardanza e incertidumbre que en estas transmisiones se presentan tradicionalmente en esa fecha.
6. El Voto de los Dominicanos en el Exterior, reivindicación de la diáspora dominicana y vínculo político con el sector que más aporta en divisas a la economía nacional, se vería seriamente afectado en su expansión a nuevos Centros de Votación, y el empadronamiento a la fecha de aproximadamente 115,000 dominicanos de ultramar, así como los servicios de obtención de cédulas de identidad y actas de nacimientos en las oficinas de la Junta en el extranjero.
7. Tendríamos que suspender los programas aprobados para la eliminación del sub-registro de nacimientos y falta de documentos de identidad mediante la ejecución de las actividades previstas con las unidades móviles para las declaraciones tardías y que se han concertado con el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), la Comisión de Reforma del Sector Salud y el Gabinete Social, en beneficio de más de 600 mil dominicanos que carecen de documentos de identidad, con el objetivo de redimir a los más excluidos y segregados, los denominados muertos civiles.
8. De la misma forma se afectaría la refacción y reparación de los locales ruinosos de las 162 Oficialías del Estado Civil existentes y las de nueva creación; así como, la consolidación institucional y física de las 154 juntas electorales de los municipios del país y de los 89 Centros de Cedulación existentes y los 75 pendientes de habilitar para cumplir con el mandato de ley.
9. La Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), estaría ante el grave peligro de ver postergado el inicio de sus trabajos de capacitación y enseñanza, para lograr el nivel adecuado de los integrantes de nuestras juntas electorales, del personal que trabajaría en los colegios electorales, de los oficiales del Estado Civil y, de nuestros funcionarios y empleados; lo cual contribuiría decididamente a mejorar los servicios del Registro del Estado Civil y de la administración del Sistema Electoral. Dilatándose, innecesariamente, el inicio de la Carrera Electoral y del Registro del Estado Civil.
10. Con la referida reducción se detendría el proyecto de desconcentración de los servicios de emisión de documentos, actas y legalización, a través de los Centros de Servicio masivos para legalizaciones y expedición de actas del Estado Civil como los que operan en el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, y los que se tienen pautados inaugurar en Santo Domingo Este, Azua, San Francisco de Macorís e Higüey, así como todos los demás proyectos que lleva adelante la Junta Central Electoral, tendentes al rescate y salvaguarda de la identidad de los dominicanos; que constituyen el servicio básico de la identidad nacional.
11. Hacemos esta declaración impulsados por el sentido del deber e inspirados en el compromiso de cumplir con nuestras responsabilidades y seguir rindiendo una eficiente labor al país, convencidos de que las actividades y programas que sustentan el ante proyecto de presupuesto presentado por esta Junta Central Electoral, tienen pertinencia y son esenciales para la democracia y el ejercicio y respeto de los derechos fundamentales.
12. Finalmente, albergamos la esperanza de que estas palabras encuentren la correspondiente acogida, para que al evitarse lo que sería un retroceso innecesario, se tornen en la enmienda de una equivocación; de un error, que como todavía no se ha consumado, podría terminar siendo subsanado con la debida comprensión de estos planteamientos que se hacen pensando en la Nación Dominicana.
Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil siete (2007), año 163 de la Independencia y 141 de la Restauración.
Dr. Julio César Castaños Guzmán,
Presidente
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